La gran mentira de la izquierda sobre la financiación autonómica: así se aparcó la reforma en 2018

Tanto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien calificó de «caducado» el vigente modelo de financiación autonómica, como la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero y su repentina «urgente» necesidad de reformar el régimen; han pretendido culpar al PP de contar con el mismo sistema de financiación de las regiones que en 2009. Sin embargo, fuentes cercanas al ex ministro popular de Hacienda, Cristóbal Montoro, han explicado a OKDIARIO cómo transcurrieron en realidad las negociaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE desde 2014 hasta la entrada en el poder del todavía presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

«El sistema no caducó sino que se tenía que revisar a los 5 años», subrayan desde el PP. Así lo refleja la disposición adicional séptima de la Ley 22/2009 referente a la regulación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía: «el Comité Técnico Permanente de Evaluación, creado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará los distintos aspectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal».

Pero no se pudo revisar ese sistema aprobado en 2009, tras una dura negociación entre el Gobierno -entonces bajo la batuta del socialista José Luis Rodríguez Zapatero- y las comunidades autónomas. Ya en la España azul, Montoro optó por no revisarlo pues «con la crisis que había en España, revisarlo hubiera significado quitar» fondos a las regiones. «No había dinero para repartir», apuntalan.

La reforma de Montoro

«Montoro metió dinero a las comunidades autónomas para pagar la deuda, esa fue su reforma del sistema de financiación». «Cuando la economía empieza a recuperarse en 2017, Rajoy convoca la Conferencia de Presidentes» y «Montoro, un comité de expertos para que hablen sobre financiación autonómica», terminando el documento con la propuesta del nuevo modelo después de ese verano. Es más, desde el PP se asegura que las propuestas se llegaron a proponer al PSOE.

De hecho, dicho periodo de negociaciones debió tratarse del mismo momento -finales de verano- en que comenzaron a discutirse entre ambas fuerzas los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente. Rajoy cerraba el 2017 con un el nivel del Producto Interior Bruto (PIB)  previo a la crisis y con dos terceras partes del empleo perdido. En palabras del entonces presidente, se trataba de una situación de crecimiento «equilibrado» gracias a los «cuatro motores de la economía: inversión, consumo, exportación y construcción».

El cuarto trimestre de 2017 estuvo no obstante marcado por el intento de golpe de estado del gobierno catalán y una gran dificultad para aprobar las cuentas públicas de 2018 -por la moción de censura de Podemos, la trama Gürtel o la difícil aritmética parlamentaria que requirió el famoso cuponazo vasco. Así su aprobación no llegó hasta junio del propio 2018.

Se priorizaron las cuentas públicas

«Entre noviembre y diciembre de 2017, Montoro ya tiene el documento de lo que podía ser la financiación autonómica». El entonces ministro de Hacienda estuvo ocupado «haciendo los presupuestos que no se aprobaron hasta finales de mayo (de 2018) y por eso suspendió el tema de la financiación: para sacar adelante los presupuestos». Después, no pudo ser: moción de censura a Rajoy e investidura automática por el todavía presidente del Gobierno, Sánchez.

Por tanto, la reforma del sistema de financiación autonómica nunca caducó. Desde el PP se apunta que «la financiación se tiene que debatir en el Consejo de Política Fiscal, que según la norma, deben reunirse dos veces al año y, en el año 2022, sólo se hizo uno y en 2023, cero».